Silvia Fesquet
Clarín, 7-5-18
“Doctor, no se preocupe. Lo importante es que estoy.”
Con esas palabras Rocío Villarreal recibió el parte
médico en el que se le explicaba la difícil situación que enfrenta y el largo tratamiento
a que deberá someterse -es incierta aún la posibilidad de que vuelva a caminar-
en la clínica donde está internada desde el lunes pasado y donde fue sometida a
una delicada operación para intentar reparar el daño que causó la bala que
pulverizó una vértebra y lesionó su médula espinal.
La bala fue disparada por uno de los delincuentes que,
disfrazados de policías, tomaron por asalto hace una semana la comisaría 1º de
San Justo en la que Villarreal revistaba como sargento, con la intención de
liberar a uno de los detenidos allí, Leandro Aranda.
El rescate-fuga fue planificado desde afuera por la
novia de Aranda, de 19 años, a través de los WhatsApp que enviaba al celular
que este tenía dentro de su celda.
Varías cuestiones quedaron en evidencia con este caso,
que mantiene en vilo a la sociedad, pendiente de la recuperación de Rocío, de
apenas 25 años y madre de una nena de 3.
No por conocidos los temas que asoman a la luz pública
son menos inquietantes.
De acuerdo con datos oficiales, en las 137 comisarías
habilitadas para alojar detenidos en la provincia de Buenos Aires hay capacidad
para 1.003 presos, pero la realidad es que hoy albergan a más de 3.700: una
superpoblación del 276%.
Por caso, en la comisaría 1° de San Justo donde se
produjo el ataque la semana pasada había 46 detenidos, cuando en rigor está
habilitada para dar cabida a 18.
Un informe publicado en Clarín, citando fuentes del
Ministerio de Seguridad Bonaerense, daba cuenta de la progresión del aumento de
las detenciones en comisarías en ese distrito en los últimos años: en las 1.003
plazas disponibles había, en diciembre de 2015, 1.700 presos.
Al año siguiente la cifra era de 2.934 y a fines de
2017 el número ascendía a 3.182, una cantidad superada a esta altura de 2018.
La superpoblación también llega a las cárceles. El
ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, explicó que desde el
10 de diciembre de 2015 hasta ahora hay 11 mil presos más.
En tanto el titular de Justicia, Gustavo Ferrari,
explicó que “la política criminal que detiene genera estas situaciones de
carencia en cárceles y comisarías; en un fin de semana, en el distrito hay de
800 a 900 aprehensiones. Estamos corriendo contra 20 años en los que no se
construyeron cárceles en la Provincia”.
Mientras algunas voces deslizan que a
ningún gobierno le interesa la foto del corte de cinta inaugural frente a una
cárcel, más allá de lo que implica presupuestariamente -una para 1.700 internos
se calcula en $ 2.700 millones- trascendió que se prevé, para este año, la
habilitación de unas 972 plazas en distintas unidades carcelarias bonaerenses.
El otro aspecto que develó el caso de la toma
mencionada fue el de la fuga planeada vía celular. No sólo había uno en poder
de Aranda, el preso a rescatar: se comprobó que había otros ocho teléfonos en
la celda donde estaba alojado.
Por ese hecho fue detenida la abogada de Aranda,
acusada de haber ingresado el móvil “en sus partes íntimas”. También se
investiga por estas horas una eventual complicidad policial en la maniobra.
Según un informe del Servicio Penitenciario
Bonaerense, en 142 requisas efectuadas en los primeros tres meses del año en
las 56 unidades carcelarias de la Provincia se secuestraron más de 6.300
celulares y casi 4 mil facas.
El número de teléfonos móviles incautados en 2017
ascendió a 25.649. Está muy bien que se los secuestre; el problema es que antes
ingresaron.
Como decía Josiah Charles Stamp, “es fácil esquivar
nuestras responsabilidades, pero no podemos evitar las consecuencias de
esquivar nuestras responsabilidades”.
