Por Edgardo Moreno
La Voz del Interior, 6 de junio de 2017
En la teoría política, el Estado es aquella comunidad
que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. En la ciudad de
Córdoba, cada vez que hay un conflicto gremial en el transporte urbano, ese
principio fundacional de las sociedades organizadas es una mera declamación.
Cuando los choferes supuestamente organizados en la
Unión Tranviarios Automotor se lo proponen –por las razones que mejor les
convengan–, la comunidad entera queda sometida a un chantaje violento,
expulsada del trabajo y la convivencia pública, patoteada salvajemente por
comportamiento facciosos.
Ocurre así porque las autoridades elegidas para
ejercer con legitimidad el poder del Estado desertan de sus obligaciones y se
esconden más que lejos de las vidrieras que transitan con frenesí cuando de
reclamar privilegios públicos se trata.
No hay gobierno provincial, ni intendencia municipal,
ni autoridad judicial, ni poder de policía.
Es como si en los gobernantes la primitiva decisión
política de garantizarle a la población sus derechos elementales a la libre
circulación, a la prestación mínima de servicios esenciales, al acceso puntual
a sus escuelas, a sus hospitales y a sus fuentes de trabajo estuviese todavía
presa del pánico por incurrir en “delito de leso Cordobazo”.
Una estolidez que sólo da cuenta de la cobardía
dirigencial por tomar las riendas de la obligación de gobierno que el voto
democrático les ha puesto en las manos.
Dedicamos nuestro Primer plano de hoy a exponer la
enésima variación de esta sinfonía patética e inarmoniosa. Con sus notas
reiteradas de violencia y agresión, y sus testimonios no menos reiterativos de
sufrimiento de los más débiles. Con la esperanza de que un milagro recupere al
Estado de su situación de deserción.
