Alfil, 6 febrero, 2017
Por María Viqueira
Hace años que Susana Trimarco, la madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, uno de los personajes “mimados” del kirchnerismo, es cuestionada.
En el 2013, cuando la mujer se acercó más al anterior Gobierno, el periodista mendocino Christian Sanz llamó la atención sobre su vertiginoso ascenso económico y se lo atribuyó a sus relaciones con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, y con otros políticos.
Según Sanz, “presionó al Estado” para sacar rédito personal y ahora difundió un anticipo de su nuevo libro, “Trimarco SA”, en el que hace explosivas declaraciones sobre la mujer.
En abril del año pasado, Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles, fue intimada por el Gobierno Nacional para que le devuelva al Estado dos terrenos ubicados en Tucumán, que la administración kirchnerista le cedió en comodato.
Uno de los predios está en la capital provincial y le pertenecía al Ejército. El plan era que allí se erigiera un centro materno infantil, para contener a las víctimas del delito y de violencia de género y sus hijos. El otro, sito en la localidad de Las Talitas, iba a ser utilizado para levantar viviendas sociales para personas afectadas por esos flagelos.
Ninguna de las obras se concretó.
Consultados por Alfil, los representantes locales de la entidad –que está en la calle Caseros- no quisieron hacer declaraciones.
El rol que cumple la sede cordobesa nunca estuvo claro. Si bien, en teoría, asesora a las víctimas del delito de la jurisdicción, no tiene refugios, no difunde estadísticas ni mantiene relaciones institucionales con la Secretaría contra la Trata de la Provincia.
Además, cabe recordar que al promover demandas laborales, dos ex empleadas (una abogada y una psicóloga) aseguraron que se “inventaban legajos”, ya que en muchas oportunidades acudían personas con inconvenientes que no tenían nada que ver con la materia merced a la cual la organización recibe fondos y subsidios, como desocupados, desempleados y pacientes psiquiátricos, y que desde la dirección les solicitaban “encuadrar la problemática como si se tratase de potenciales víctimas de trata”, para cumplir con los “números mensuales”.
Eugenia Aravena, titular de la sede local de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), se quejó varias veces por la múltiple financiación de la entidad. Así, afirmó que era injusta y recordó que el colectivo que integra es una organización de base que presta servicios y que, sin embargo, no recibe dinero para su sede, en donde, incluso, se aloja gente.
Terrenos
A raíz del anuncio sobre los terrenos, en la misma línea que otros referentes del kirchnerismo intimados para rendir cuentas, Trimarco dijo sentirse una “perseguida política”, pero con el correr de las semanas reencauzó sus relaciones con el Gobierno y aseguró que estaba “trabajando muy bien con la gente” de Mauricio Macri.
En su nueva investigación, Sanz plantea dudas sobre la “historia oficial” sobre el caso Verón; a saber, que el 3 de abril del año 2002, María de los Ángeles desapareció de la faz de la tierra y que su madre, luego de acusar a un grupo de proxenetas y lavadores de dinero, no dejó de buscar a su hija.
El periodista pone en duda la versión de Trimarco y afirma que las declaraciones que brindó en la causa se contradicen con sus dichos ante los medios de prensa.
También asegura que tuvo contacto telefónico con su hija luego del 2002; que “inventó” rescates de víctimas de trata para exigir subsidios; que no mencionó en la causa judicial a la persona a la que más acusa públicamente, el proxeneta Rubén “La Chancha” Ale; y que a pesar de fustigar a Alperovich y su esposa, Beatriz Rojkés, trabajó para ellos en la gobernación de Tucumán y hasta los elogió posteriormente.
Además, asevera que sólo en 2015 recibió 23 millones de pesos en subsidios que jamás fueron rendidos.
En suma, Sanz planta que pasó de humilde a millonaria gracias al Estado y que se la colocó en “un pedestal que no merece”.
Más allá de las hipótesis que plasma Sanz en su trabajo, una auditoría contable de la Jefatura de Gabinete que se difundió en septiembre del 2016 detectó irregularidades en el manejo de fondos en la Fundación María de los Ángeles, constituida en el 2007.
Esa información motivó que la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR) ampliara una denuncia que ya había presentado ante la Oficina Anticorrupción, para que se investigue a la entidad.
La progresión de la asistencia estatal a Trimarco se relaciona con la evolución de su vínculo con el anterior gobierno. En el 2009, la fundación recibió $318.946,22; en el 2010 $ 448.102,31 y en el 2011 cobró una suma similar ($499.274). Esos fondos aumentaron en el 2012 a $1.200.000.
En 2013, cuando Trimarco pasó a engrosar las filas del kirchnerismo, el Estado Nacional le destinó a la fundación $4.005.620.
A partir de ese momento los aportes fueron en aumento. En 2014, recibió $9.250.000 y en 2015 -tal como sostiene Sánz- la Administración de Fernández de Kirchner le giró a Trimarco $23.330.348.
Entre otras irregularidades, se verificó que las erogaciones de la institución no cumplen con la normativa vigente, que exige que se emitan órdenes de pago. Paralelamente, el relevamiento constató el grueso de los gastos (90 por ciento) eran abonados en efectivo, pese a tener cinco cuentas corrientes para usar cheques.
