viernes, 28 de abril de 2017

PESCA Y SOBERANÍA NACIONAL



por José M. García Rozado
Informador Público, 28-4-17


La flota española está pescando en Malvinas. Entre los que están pescando en Malvinas, con licencias de las Islas, se encuentran buques de las compañías “PESCAPUERTA” y también de “PEREIRA”, y ya son 16 los buques. La industria pesquera de bandera nacional tiene buena facturación, pero pierde competitividad. Ahora, la Casa Rosada avanza con una propuesta de ajuste en un área de menor peso ante los ojos de la sociedad: el Ministerio de Defensa, lo que genera indefensión y pérdida de soberanía. En exclusiva, se accedió al plan de “contribución” al “esfuerzo fiscal” de la cartera. Argentina finalmente logro resultados positivos frente a la Comisión de Limites de la Plataforma Continental de la ONU. A razón de esto, el país logró redefinir sus limites incrementando en unos 1,633 millones de kilómetros cuadrados su territorio marítimo, y por lo tanto, la superficie en la cual debe ejercer control.

Los fríos números del comercio exterior indican que la actividad pesquera tuvo un 2016 con balance positivo, exportaciones por casi US$ 1.700 millones, un saldo de la balanza comercial apenas por debajo de lo exportado, buen volumen de capturas en las especies emblemáticas del mar Argentino (merluza Hubbsi, calamar Illex y langostino) y precios razonablemente buenos. Pero luego de siete años de sobrevivir en la línea flotación entre 2009 y 2015, con un dólar atrasado, inflación, costos operativos crecientes y retenciones entre 5% y 10%, la industria pesquera aún busca recomponerse. Hoy el sector reclama por falta de competitividad y pérdida de mercados, debido a una política oficial que no logra revertir -vía acuerdos comerciales- los aranceles que debe pagar la pesquería nacional en terceros mercados.

Esto sin mencionar el crecimiento de la flota china en aguas argentinas y la de buques españoles en aguas de Malvinas, a las que en sus países les devuelven gastos portuarios y además ingresan la carga con arancel cero, mientras que los barcos nacionales pagan entre 12% y 18% de arancel. El combo se completa con elevados impuestos (Ingresos Brutos y otros), costos de operación en puertos, infraestructura portuaria deficiente, y elevados costos laborales (no salariales), según declaran los empresarios. El tipo de cambio vigente desde fines de 2015 no modificó de modo radical la ecuación económica del negocio, como sí lo hizo en la producción agrícola. Es que además de las cuantiosas inversiones en barcos, reparaciones, repuestos e insumos, todas ellas dolarizadas, también una parte relevante de los salarios del personal embarcado (en el langostino es más del 70% del salario) se paga sobre el valor de la pesca capturada.

“Todo el mundo dice que el sector pesquero facturó el año pasado más de US$ 1.600 millones pero eso fue sólo por el langostino”, señala Antonio Solimeno, empresario pesquero marplatense y vicepresidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA). Solimeno exporta el 80% de su producción, cuenta con 12 barcos y emplea a 890 personas, entre marineros y personal de tierra. La flota española que está pescando en Malvinas con permisos de los kelpers y el gobierno de las islas y sin la más mínima critica o queja de nuestro gobierno ante España se dedica a las capturas de Calamar que llegan hasta 35 toneladas día por buque, o sea 560 toneladas diarias y más de 101 mil toneladas por temporada de captura. Los 16 buques de la flota española que pescan en Malvinas y que el 27 de febrero iniciaron la temporada 2017, están logrando un extraordinario rendimiento al superar las 500 toneladas de pesca diaria de calamar (Loligo), según lo explico Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI). España. Entre los que están pescando en Malvinas, con licencias de las Islas, se encuentran buques de las compañías “Pescapuerta” y también de “Pereira”, que además lo hacen en aguas nacionales con permisos de la Secretaria de pesca argentina.

Argentina finalmente logro resultados positivos frente a la Comisión de Limites de la Plataforma Continental de la ONU, el año pasado. A razón de esto, el país logró redefinir sus limites incrementando en unos 1,633 millones de kilómetros cuadrados su territorio marítimo, y por lo tanto, la superficie en la cual debe ejercer control. Este hecho supone no solamente la mejora en la proyección de los intereses argentinos sobre el lecho y el subsuelo de esa porción de mar, sino, un llamado de atención a su propio Estado como a la opinión publica de la capacidad que posee actualmente nuestro país para ejercer un control efectivo sobre las enormes extensiones marítimas con las que se cuenta. Hay que recordar que el año pasado la “CONVEMAR” aprobó el pedido argentino de extensión del limite exterior de la plataforma continental, lo que implicó que el país se hiciera con un 35% de superficie marítima mas, constituyendo un hito tanto para la historia diplomática argentina, como para los funcionarios de carrera que se desempeñan en política exterior.

Esta política “trans-gobierno” (se inició en 1998 y culmino en 2016) de reclamo en la ONU implica un éxito colosal que se transfiere directamente en la posibilidad de explotación de recursos naturales ictícolas e hidrocarburíferos -entre otros- , tanto en una zona exclusiva ampliada como en un lecho y subsuelo con posibilidad de contar con recursos hidrocarburiferos. Es así, como este éxito en cuanto a política diplomática termina marcando un punto paradigmático para otra política que debe ir siempre de la mano de la política diplomática: la defensa. Argentina, con este agregado territorial, debe supeditar sus políticas publicas en defensa a estas nuevas conquistas diplomáticas. Para cumplir con su responsabilidad funcional de controlar los nuevos limites marinos, las instituciones militares deben contar con medios eficaces para desarrollar tareas de control marítimo frente a innumerables flotillas pesqueras sin permiso que depredan los recursos pesqueros y energéticos.

Nuestro país actualmente cuenta con una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo, con una proporción de superficie marítima similar a la superficie terrestre. La antilogía de esta proporción es que actualmente el territorio marítimo solo es supervisado por una decena de patrulleras entre buques de la Armada Argentina -muy viejos en su gran mayoría, desgraciadamente- y la Prefectura Naval no apta para patrullar y custodiar este tipo de superficie marítima más allá de las 20 millas náuticas desde la costa. “Las políticas públicas de seguridad y defensa en estos casos hacen agua”. A sabiendas de que la política de defensa debe necesariamente confluir con la política exterior, la primera esta siendo relegada permanentemente por la falta de recursos y la indefinición de las esferas decisorias en una planificación acorde para que las distintas instituciones puedan desarrollar sus funciones primarias de una manera correcta.

En el año 2017 no implicará dar el paso superador que la Armada Argentina espera para poder avanzar sobre nuevos medios con el fin de articular una presencia definitiva en el extenso territorio marítimo. Para este año no se esperan definiciones de las altas esferas decisorias en el edificio Libertador para que esta fuerza pueda contar con nuevos medios. Es así que la presencia argentina en el nuevo espacio a controlar quedara encuadrada todavía por los “únicos 3 viejos pero nobles avisos A-69 que prestan tareas en la División de Patrullado Marítimo”. La definición de avanzar sobre nuevo material se tambalea desde hace años con los diversos anuncios sobre patrulleras, que en definitiva no se han terminado de materializar. La búsqueda de buques del tipo OPV ha transitado un camino de al menos 15 años. El diseño adquirido a la compañía alemana Fassmer terminó en el desembolso de divisas extranjeras y ningún buque en grada. Por otro lado, la gran cantidad de reuniones entre funcionarios de ARS y miembros del Ministerio de Defensa quedaron solamente en intenciones de deseo de trabajo conjunto, y en ningún caso se dio un avance serio para que definitivamente la Armada Argentina pueda contar con unidades de este tipo. En cuanto a ofertas foráneas, en los despachos de funcionarios de defensa se han acumulado ofertas de países como Francia, España e incluso China, todos con resultados negativos.

Volviendo al tema pesca, “Hasta mediados de 2016, con la devaluación más o menos estábamos recuperando, pero a partir de septiembre empezamos a perder de nuevo competitividad”, destaca Solimeno. En ese contexto, se pregunta si “en el 2017 los mercados responderán”. Y agrega: “Puedo tener buena facturación pero el problema es de rentabilidad, sólo en reparaciones navales invertimos el año pasado entre US$9 y 10 millones”. Desde el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), su titular Oscar Fortunato señala que “la economía global no está bien, con el langostino zafamos pero también hay una caída de los precios internacionales”. No obstante, admite que “el 2017 podría ser bueno para el calamar”. El punto que más preocupa es la pérdida de competitividad frente a otros países. A principios de marzo autoridades de CEPA se reunieron con el presidente Macri y funcionarios del área para analizar la coyuntura sectorial. “Hemos hablado de la necesidad de tener acuerdos comerciales con algunos países o la Unión Europea, no digo un TLC pero sí quizás acuerdos contingentes (cuotas de exportación anuales), un instrumento aceptado por la OMC”, explica Fortunato.

Argentina tuvo vigente un acuerdo en el marco del Sistema General de Preferencias (SGP) de la Unión Europea hasta hace tres años. Con la caída del SGP los productos pesqueros nacionales pasaron de pagar 5% de arancel al 12%. En el caso de China el arancel llega al 18% y en México es del 20%. Brasil, por su parte, tiene cerrado su mercado a los productos argentinos, por el fuerte lobby de los productores de camarones, que aducen cuestiones fitosanitarias. Tras la eliminación de reembolsos a los puertos patagónicos en diciembre de 2015, a través de un DNU que derogó el decreto 2.229/15, el Gobierno dispuso reintegros a la pesquería que van del 3% al 6,5%, según las especies exportadas. En la actualidad el Congreso tiene el DNU bajo estudio, para ratificarlo o rechazarlo, y en ese caso reimplantar los reembolsos. Mientras tanto, los productos de todos los puertos tienen los mismos reintegros, aunque los costos difieren sustancialmente según la ubicación.

“El flete sale dos a tres veces más de Puerto Deseado a Madryn que en Mar del Plata, la estiba cuesta tres veces más, y además, tenemos más costos de insumos, víveres y llevar la gente hasta allá, porque no hay marineros en la Patagonia, los tenés que llevar de Mar del Plata o Corrientes”, señala Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores (Capeca), que agrupa en especial a la flota langostinera de la Patagonia. Por eso, añade, “los que operaban calamar en el sur se fueron a Mar del Plata por un tema de costos”. “La pesquería tiene varios problemas graves”, asegura Miguel Glikman, director de Exportación de Newsan Food. Entre ellos, menciona la falta de financiamiento, el costo de las ART, la carga impositiva y cierta obsolescencia de la flota pesquera. Pese a ello, Glikman destaca que “la pesca de calamar vino bien en los primeros meses del año después de un 2016 malo y esperamos una buena campaña de langostino”. Pero el resto de las espeies que brinda el mar argentino y su explotación, muy pobre por cierto, ya que la industria pesquera nacional está muy lejos de parecerse -ni hablemos de competir aunque sea en desventaja- a una industria sudamericana, como la peruana o la ecuatoriana que sin competir con españoles, chinos, japoneses o ploacos están sin embargo a años luz de nuestras flotas pesqueras y por lo tanto de nuestra industria pesquera nacional.

Debemos aclarar que de los 634 buques registrados una gran cantidad son nuestras conocidas lanchas pesqueras amarillas lo que reduce enormemente el número de embarcaciones. Asimismo las 170 empresas mostradas en el gráfico, en muchos casos no son tales ya que son pequeños empresarios dueños de los barcos amarillos y por lo tanto de baja captura y ésta realizada en zonas semicosteras y casi nunca más allá de las 40/60 millas náuticas de la costa nacional. De contar argentina con empresas de envergadura como aquellas española que hoy pescan con permisos kelpers nuestro potencial pesquero debería multiplicarse como mínimo al triple y si se abrieran mercados como debiera ser la propuesta gubernamental y de cancillería las exportaciones podrían con comodidad llegar a los US$ 5 mil millones anuales o sea un cuarto de las agropecuarias. Pero para esto además es imprescindible que nuestra Armada cuente con los elementos indispensables para proteger nuestros intereses en toda la extensión de nuestro mar ahora que logramos su ampliación y el reconocimiento del mismo por la ONU y su organismo especializado.

Llamativamente la Armada Argentina ha difundido un comunicado de prensa titulado “COMPRA DE AERONAVES PARA LA ARMADA ARGENTINA Y SITUACIÓN CAMPAÑA ANTÁRTICA 2016/17” donde señala que ha comenzado un proyecto de “adquisición” de 2 aeronaves, una de transporte y otra en configuración de patrullaje marítimo. Estos dos corresponderían, según la gacetilla, a aviones C-295 de la empresa CASA, informando también que la Fuerza Aérea Argentina se sumaria al pedido.Este proyecto de “adquisición” se enmarca en lo difundido en numerosas oportunidades por medio del Ministerio de Defensa en relación al planeamiento realizado para recambiar sistemas dados de baja o prontos a quedar fuera de servicio, mencionando la intención de dotar a la Armada de la República Argentina con dos aeronaves de transporte C-295 financiadas por el BBVA a un monto total que asciende a un poco mas de 5 mil millones de pesos.

La comunicación oficial por parte de la institución naval se encuadra en un contexto donde priman los anuncios y no necesariamente las decisiones concretas sobre recambio de material, lo que motiva a que las fuerzas se plieguen a comunicados informando intenciones. Hay que tener en cuenta que la difusión de una gacetilla con un titulo decisivo como “compra de aeronaves” no condice específicamente con una etapa de planificación, lo que dista procesalmente del hecho consumado que tanto se espera en la Armada. Por otro lado, se menciona el interés por parte de la Fuerza Aérea Argentina de plegarse al pedido del producto diseñado por EADS, haciéndolo por otras dos unidades mas en versión de transporte. Originalmente, la fuerza había deslizado la intención de adquirir ente 6 a 8 aviones a efectos de recuperar y potenciar una capacidad sumamente disminuida en los últimos años. Este anuncio que involucra al C-295, también se hace a poco de haberse realizado un “demostración de la aeronave C-27 Spartan”, principal competidor del primero, y el cual ya realizo un recorrido sobre el país que finalizo en la Base Marambio.

Sin duda, la necesidad de contar con aeronaves nuevas es imprescindible para las distintas fuerzas para poder realizar las distintas tareas que se estructuran en su misión, es quizá por esto que los distintos comunicados de prensa y gacetillas demuestra mas impaciencia que optimismo para intentar mover con la opinión publica la difícil balanza de las decisiones políticas y públicas. De todas maneras, con una opinión publica ya renuente a seguir escuchando hablar de intenciones o proyectos, todavía se deberá esperar un comunicado en donde la palabra “compra” dentro del titulo sea el resumen del cuerpo de una noticia relacionada a esta. Gacetilla de Prensa N° 22 titulada “COMPRA DE AERONAVES PARA LA ARMADA ARGENTINA Y SITUACIÓN CAMPAÑA ANTÁRTICA 2016/17”.

“La Amada Argentina informa que, ante la necesidad de reemplazar sus aeronaves de transporte mediano, a través del Ministerio de Defensa ha iniciado el proyecto de adquisición de dos aviones C-295 de la empresa CASA, compartiendo este proyecto con la Fuerza Aérea Argentina, quien se ha sumado con dos unidades similares. Una de estas aeronaves estará destinada al transporte de materiales y de personal, mientras que la otra será configurada en versión marítima. Asimismo, se informa que el Comando Naval Antártico puso a disposición del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. los transportes navales ARA “Bahía San Blas” y ARA “Canal Beagle” (este último como puente logístico hasta Ushuaia), los recientemente incorporados avisos con capacidad polar ARA “Puerto Argentino”, ARA “Estrecho San Carlos” y ARA “Islas Malvinas” (este último en coordinación con el Área Naval Austral por estar cubriendo la Patrulla Antártica Naval Combinada con Chile), y el Buque Oceanográfico ARA “Puerto Deseado”, los cuales trasladarán personal y reabastecerán a la mayoría de las bases permanentes y transitorias”, siendo el recurso logístico principal de la actual campaña antártica 2016/17. El aviso ARA “Puerto Argentino”, que zarpó el pasado 6 de diciembre de la dársena “E” del Puerto de Buenos Aires dando inicio a la campaña antártica, está arribando a la base permanente de la Armada Argentina “Orcadas” el viernes 16 del corriente.”

Pero desgraciadamente la realidad es otra muy distinta, ya que por medios oficiosos nos hemos enterado de duros recortes de presupuesto para las Fuerzas Armadas Argentinas. Se cancela de manera definitiva la remotorización de los Pucara. Se van de Baja 90 blindados M-113. Cancelación de las reparaciones del submarino ARA Santa hasta el 2023. Se cancela modernización de radares Westinghouse de la Fuerza Aérea. Baja de 527 vehículos (principalmente camiones ). Se cancela compra de radares nuevos a Invap. Se cancela el proyecto de fabricar un cañon de 105mm de fabricacion nacional. Baja de aeronaves de enlace de la Fuerza Aérea (Piper y Cessna). Cierre de la VII Brigada Aérea y traslado de su grupo aéreo y de los comandos del GOE a la Base Morón. Cancelación de obras de modernización e infraestructura a realizarse en CITEDEF. No se ejecutarán las obras de mantenimiento del Buque Hidrográfico Comodoro Rivadavia. Reducir el déficit fiscal es una de las obsesiones de Mauricio Macri. Y esa fijación ha llevado a su gobierno a cometer “errores no forzados”, cuya factura se complica pagar en el marco de un año electoral y socialmente conflictivo. Un claro ejemplo de ello fue la resolución que recortó las jubilaciones, con el fin de ahorrar $ 3000 millones. La medida generó una crisis política en el Ejecutivo, que por enésima vez tuvo que dar “marcha atrás”.

Ahora, la Casa Rosada avanza con una propuesta de ajuste en un área de menor peso ante los ojos de la sociedad: el Ministerio de Defensa. En exclusiva, se accedió al plan de “contribución” al “esfuerzo fiscal” de la cartera. Según consta en el documento, durante 2016 el ministerio que conduce el radical Julio César Martínez ahorró $ 4.615 millones. ¿De dónde? $ 3.883 millones estaban destinados al proyecto de remotorización de Pucará, que se llevaba a cabo en la Fábrica Argentina de Aeronaves (FADEA). También hubo una “racionalización” del Plan Anual de Comisiones al Exterior –agregadurías y comisiones– que significó un ajuste de $ 400 millones en el gasto. Con la modificación de los coeficientes por cambio de destino, que es la compensación que reciben oficiales, suboficiales y soldados voluntarios cuando cambian de organismos que disten a más de 20km, en tanto, se ahorraron $ 381,8 millones. “El repliegue de 1800 efectivos desplegados en el marco del plan antidrogas “Escudo Norte”, en tanto, equivalió a $ 160 millones”, una verdadera barbaridad en época de lucha con el narcotráfico y el narcoterrorismo”.

Ahora el plan de ajuste promete profundizarse, mientras el personal es distraído con aumentos salariales que no son otra cosa que una etapa más del postergado blanqueo de haberes. Con el propósito de ahorrar $ 4.346,23 millones, programas, operaciones y obras quedarán suspendidas. También se reducirá el personal de organismos del Ministerio (FADEA, Tandanor) y la plantilla de oficiales y suboficiales. Pero eso no es todo. La propuesta, que ya cuenta con el visto bueno de Macri según confirmó el periodista Edgardo Aguilera en “Ámbito Web”, contempla además la venta de 12 inmuebles por U$S 335 millones. El encargado de presentarla fue el titular del Estado Mayor Conjunto (EMC), teniente general Bari del Valle Sosa, quien al parecer tiró la perinola y le salió “toma todo”. Esta política de vaciamiento responde a la inacción de la cúpula de las FFAA, que ante las demandas de la Casa Rosada priorizó su comodidad por sobre su deber institucional. El año pasado, el Presidente había marcado las pautas: colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y apoyo a la comunidad. “Necesito tanques”, le planteó entonces el Teniente General Diego Suñer, jefe del Ejército. ¡La respuesta fue achique sin derecho a protesta!

Arq. José M. García Rozado

Ex Subsecretario de Estado 1973/1976 y 1989/1993



SIEMPRE DEBE PRIMAR EL BIEN COMÚN


Eduardo Mondino
 LA NACION, VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017

En la historia de la humanidad las disputas por el poder tensionaron las relaciones de los actores que participaron en ellas.

Con el paso del tiempo esas contiendas fueron adquiriendo ribetes más civilizados y el mundo occidental encontró en el orden político un sistema denominado "democracia", que balancea los pesos y contrapesos.

Sin embargo, en la actualidad la sociedad del conflicto ha generado un desafío sobre el que se debe gobernar como si fuera un gran mosaico.

Esa sociedad del conflicto, fruto de las libertades individuales, de las que los sistemas democráticos deben ser garantes, generan la responsabilidad de ordenar la convivencia pacífica dentro de la ley. Administrar las tensiones de la democracia es una responsabilidad gubernamental que requiere del uso de las herramientas que la ley otorga.Es en ese contexto en donde debe primar el interés de la comunidad en su conjunto. No puede haber sector social, por más emblemático y/o destacado que sea, que esté por encima del interés común .
No se puede debatir si un gobierno debe o no apelar al orden para defender derechos que son de todos. Es su obligación.
Las tensiones en una democracia implican que hay una sociedad participativa, pero que debe aprender a respetar que los derechos que la sociedad elige sean preservados en la elección de sus gobernantes con el voto.


Quienes pretenden quebrar normas de convivencia y/o vulnerar la ley deben aceptar que el Estado actúe para garantizar la pluralidad del pensamiento y la libertad de todos dentro del marco legal.

Alguien se preguntará cómo garantizar que los sectores más vulnerables puedan tener una visualización pública. Un Estado responsable sabe que atender a los sectores más vulnerables es tan importante como garantizar el orden. Son situaciones absolutamente compatibles.
Nuestro país ha sufrido un deterioro social de una magnitud aún hoy inconmensurable en sus consecuencias.
En números redondos, podemos decir que la Argentina de 1976 tenía 20 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 600.000 eran pobres y 30.000, indigentes.
La Argentina de 2016 tiene 40 millones de habitantes, 14 millones de pobres y 1.700.000 indigentes.

Estos últimos 40 años fueron una catástrofe social y salir de esto no es mágico. Repetir fórmulas y acciones perimidas no sirve. Hay que cambiar el rumbo. Buscar acuerdos y consensos a largo plazo para que quiebren la inercia del deterioro y generen un sendero de recuperación.
No se sale de esta situación de emergencia social con ideologismos sesgados o incitando a la violencia como metodología política, desconociendo la legitimidad ni la legalidad de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Hoy, nuestra Argentina necesita ideas e instrumentos modernos que nos ayuden a construir un colectivo social que asimile que hay esperanza de poder construir un futuro mejor.


Ex defensor del Pueblo de la Nación

MILAGRO SALA NO TIENE INMUNIDAD


Daniel Sabsay
LA NACION, VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017

Alejandra Gils Carbó dictaminó que la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto", y señaló que, en su carácter de parlamentaria del Mercosur, Sala tiene inmunidad de arresto. Esta aseveración pone de manifiesto una sorprendente ignorancia del derecho constitucional. Se suele confundir las inmunidades parlamentarias con los fueros, no obstante que la Constitución, en su artículo 16, expresa que "la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza".

La protección que por esta vía reciben los legisladores no debe ser entendida como de tipo personal, sino que ella apunta exclusivamente a la defensa de la función legislativa que ellos cumplen. Se trata de evitar que puedan ser objeto de presiones que les impidan desempeñar libremente su cargo en detrimento de la representación que ostentan.
Desde sus inicios, la Corte Suprema considera que "la Constitución no ha buscado garantir a los miembros del Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales ni por razones del individuo mismo a quien hace inmune. Son altos fines políticos los que se ha propuesto". Los artículos 68 y 69 de la Constitución les reconocen a los legisladores la inmunidad de pensamiento y la de arresto. El caso que nos ocupa refiere a la segunda. La ley 27.120 extendió estas inmunidades a los legisladores del Parlasur y, en su artículo 16, les reconoció la de arresto. De esta manera reconoció a funcionarios regionales las inmunidades que la Constitución contempla para los legisladores nacionales. El diputado Gerardo Milman interpuso una acción con el objeto de determinar precisamente la constitucionalidad de la mencionada cláusula.

La Corte Nacional Electoral, último tribunal en entender en la causa, apoyándose en los principios que hemos mencionado, consideró que la ley 27.120 no les otorga inmunidad de arresto a los parlamentarios del Mercosur pues se trata de una cuestión regulada por instrumentos internacionales, que no consagran inmunidad de arresto en el territorio argentino. El tribunal sostuvo que el Congreso de la Nación no puede establecer inmunidades que sólo pueden ser dispuestas por una Convención Constituyente y que la extensión de inmunidades por medio de una ley constituye un privilegio que vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución nacional.

La procuradora general explicó que la ley 27.120 les otorga inmunidad de arresto a los parlamentarios, ya que se trata de una cuestión no regulada específicamente en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o en regulaciones de sus organismos regionales competentes. En consecuencia, consideró que rige la equiparación con los diputados nacionales. Para Gils Carbó, la ley 27.120 es constitucional. En su dictamen explicó que, al dictar esa norma, el Congreso Nacional ejerció sus atribuciones constitucionales de aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales, y de dictar todas las leyes convenientes a estos fines. Gils Carbó remarcó que "la equiparación en materia de inmunidad de arresto asegura la presencia efectiva de los parlamentarios en ese órgano de representación de los pueblos, independiente y autónomo".

Contrariamente a lo decidido en primera instancia, la Corte Nacional Electoral se pronunció por la inconstitucionalidad del cuestionado Art. 16; para ello se apoyó en un contundente argumento de la Corte, que es el que dice que "una ley de rango inferior no puede crear más inmunidad que las que contiene la Carta Magna; lo contrario implicaría crear inmunidades no instituidas por los constituyentes, otorgando una garantía de antejuicio que únicamente puede conferir la Ley Fundamental". Por lo tanto, las inmunidades de los parlamentarios argentinos del Mercosur solamente son aquellas que se derivan del ordenamiento jurídico regional que rige el Parlasur.

Esta interpretación fue utilizada en el caso ya mencionado de la parlamentaria argentina Milagro Sala. Llama la atención que la máxima funcionaria de nuestro Ministerio Público, encargada de defender la legalidad, se pronuncie a favor de conceder un "fuero" y no una inmunidad. En realidad la procuradora general de la Nación ha demostrado una vez más el modo "militante" en que ejerce sus funciones al volcarse a favor de una protección inconstitucional para un miembro de su agrupación política.


Profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA

jueves, 27 de abril de 2017

NECESARIA REFORMA DEL ESTADO


por Alberto Buela
Informador Público, 27-4-17

Desde siempre se ha afirmado que el liberalismo se ocupaba de la seguridad de las personas, de la defensa de la propiedad y de manejar la estructura del Estado en forma austera, para no quitarle recursos a la sociedad civil y así los pueda aplicar al mercado y los negocios. Esto hizo afirmar acertadamente a Carlos Marx, en su Crítica a la Filosofía del derecho de Hegel, “el negocio es el corazón de la sociedad civil capitalista”.

El gobierno de Macri cuando asumió propuso reducir el déficit fiscal y el gasto público. Luego de un año y medio observamos que el resultado es totalmente contrario.

Argentina creció desde un 30% del PBI en 2003 a un 46% en 2015. Y desde que asumió Macri este gasto aumentó a un 49%.

En cuanto a la estructura del Estado esta subió a 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías, 647 direcciones nacionales, 689 subdirecciones nacionales y 120 organismos descentralizados.

El actual Estado argentino gasta mucho y mal, incluso en aquellas áreas de su íntima competencia como la salud, la seguridad, la educación y la justicia. Paga una estructura ociosa de, según los especialistas, un 30%.

Ante este panorama existen dos propuestas distintas de reestructuración del Estado:

A) aquella que busca la gobernanza, esto es, el poder de las elites financieras transnacionales para poner a los Estados al servicio del mercado y a la libre circulación del capital, que propone el criterio de diseño “base cero”. No se parte de la organización existente, sino que se diseña otra nueva que responda al objetivo de cubrir, con criterios modernos y eficientes de administración de la Res-publica, de la cosa pública.

Uno de los cambios fundamentales propuestos es la sustitución del concepto de carrera administrativa por el de la contratación por tiempo determinado en los cargos con responsabilidad de conducción. El propósito es aproximarse a las modalidades del sector privado y aplicar mayor flexibilidad laboral. La reducción de la excedida planta de personal del Estado es la cuestión más importante y la más delicada de la reforma. Se encuentra vigente la Ley 25.164 denominada Ley Marco de Regulación del Empleo Público, sancionada en 1999, que habilita los procesos de racionalización en la administración nacional, por lo tanto la reforma puede desarrollarse con la legislación actualmente vigente.

B) aquella que busca el rescate del Estado a través de los tres principios que lo sustentan: el de solidaridad, el de subsidiariedad y el de bien común. El primero busca la unificación de los ciudadanos tras un proyecto común de nación; por el segundo el Estado ayuda a hacer a los ciudadanos aquellas grandes obras que de suyo no pueden realizar y por el tercero el Estado recupera el fin último y sentido de su existencia, esto es, el logro de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.

Si hay crisis de gobernabilidad es porque existe una crisis de conducción y si hay crisis de conducción es porque las decisiones se tomaron mal. Una provincia mal administrada no debe ser intervenida pues su costo político, con la estructura actual del Estado, es infinito, se debe nombrar un buen administrador de los dineros públicos por decreto de necesidad y urgencia, y que el costo político lo pague el mal gobernador.


A la inmensa clase ociosa del empleado público, desde docentes a médicos y desde policías a jueces hay que ponerlos a trabajar, recuperando la idea de la liberación por el trabajo. Para eso se necesita de un gobernante que tenga en claro los tres principios que dan sentido a la existencia del Estado.

ALEA IACTA EST


por Alberto Buela

Informador Público, 25-4-17

La suerte está echada en Francia. Le Pen, tildada por los mass media como de ultra derecha, esto es, que no se puede ser más de derecha que ella, pero que lleva como candidato a vicepresidente a un homosexual declarado y que tiene un programa político de corte social demócrata, y son los más pobres la que la votaron, sacó el 20%.

Macron el candidato socialista y progresista pero que viene de ser ministro del desastroso gobierno de Hollande y candidato puesto por la banca eternamente usuraria de los Rothschild, sacó otro 20%.

En la elección del 7 de mayo próximo el pueblo va a ser llevado, dirigido, condicionado y colonizado a votar por Macron. Y en esta tarea se van a destacar dos partícipes necesarios: los mass media y la izquierda, ambos manejados por los Rothschild y sus múltiples tentáculos.

La periodista inglesa Diana Johnstone titula la próxima elección Governance versus the people. Y así sostiene que la Gobernanza, el poder de las élites financieras transatlánticas para poner a los Estados al servicio del mercado y de la libre circulación del capital, junto con el discurso mediático de demonización de Le Pen, ya eligieron a Macron.


Francia no es los Estados Unidos en donde un mono con navaja, pero millonario y señor de su dinero, jugó todos sus bienes y venció a la candidata de la banca norteamericana. Francia está golpeada por adentro, el extrañamiento de sí misma no le permite reaccionar. La gran sustitución de su población, el abandono de su fe cristiana, la perdida de su élan vital, todo ello nos indica que la suerte está echada y el pueblo francés será llevado de las narices a votar por el candidato de los Rothschild y todo va a seguir como hasta ahora, o peor aún.

CAMBIARON LOS AMIGOS DEL CAPITALISMO DE AMIGOS



por Guillermo Cherashny

Informador Público, 25-4-17


Durante los doce años y medio del kirchnerato se acuñó el denominado "capitalismo de amigos", por los beneficios que Néstor y Cristina, a través de Julio de Vido y José López les dieron especialmente en el área de la construcción y es archisabido que Lázaro Báez, Enrique Wagner, Electroingeniería, Rovellia Carranza Roggio, Calcaterra, Petersen y Nicky Caputo fueron los grandes beneficiarios de la obra pública sobrefacturada. Pero con el ascenso al poder de la alianza Cambiemos, algunos nombres se repiten, como Calcaterra y Caputo, los que más recibieron obra pública en estos 16 meses de gobierno. En cambio, los anteriores mencionados por causas judiciales no recibieron nada. Pero a los "amigos" Calcaterra y Caputo se le agregó el grupo Socma, que pertenece a los hermanos del presidente Macri, sus sobrinos y sus tres hijos del primer matrimonio de con Ivonne Bordeu.
Pues bien, el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, se opuso al leonino acuerdo con el Correo Argentino -que pertenece a Socma- en su concurso de acreedores y reclamo que ese grupo declinara el juicio contra el estado, pero Socma no quiso y, como resultado, Marcos Peña le exigió su renuncia y le ofreció un cargo de embajador que Carlos Balbín declinó y rechazó el exilio dorado. Al mismo tiempo, el grupo Socma decidió vender su parte en Autopistas del Sol después de una aumento exponencial, en un claro conflicto de intereses. A su vez, Angelo Calcaterra le vendió a Marcelo Mindlin -el nuevo "amigo" presidencial- la empresa IECSA, la beneficiaria de la readjudicación del soterramiento del Sarmiento, que está cuestionada por corrupción porque la brasileña Odebrecht integra la UTE ganadora que fue beneficiada por un DNU presidencial que fue rechazado en la comisión bicameral y al que le espera otro rechazo rotundo en la Cámara de Diputados. De ahí que el PRO no llame a sesiones.

En la provincia de Río Negro es un secreto a voces que Marcelo Mindlin sería un testaferro del magnate Joseph Lewis, dueño del campo Lago Escondido y magnate enregético e íntimo amigo del presidente, que usa sus aviones.

Con estos ejemplos está claro que el "capitalismo de amigos" ahora sólo cambió de amigos.

Otro nuevo "amigo" presidencial es su cuñado Daniel Awada. Anteayer, en el diario Perfil, la periodista Emilia Delfino detalló que el empresario Awada trajo tres containers a través de una importadora Tricua Wallatech, con mercadería Cheeky importada de contrabando desde China y, como se sabe, Cheeky es la empresa textil de la familia Awada, que fue acusada de usar mano de obra esclava en el barrio de Flores. Fuentes seguras señalan que los containers de contrabando de Cheeky que estaban en la aduana en 2015 y que se abrieron en julio de 2016 por disposición de Juan Gómez Centurión fueron la causa por la cual Patricia Bullrich lo hizo echar de inmediato por un anónimo y que luego fue repuesto en su cargo por la justicia.


Tanto Carlos Balbín como Gómez Centurión fueron apoyados por Elisa Carrió. Pero ahora, la diputada en los hechos está avalando la inconducta de los ministros de Cambiemos.

ACUERDO DE CARRIÓ CON EMPRESARIOS VINCULADOS A LA OBRA PÚBLICA K


para nombrar al marido de Marcela Campagnoli

por Sebastián Dumont
Informador Público, 25-4-17


Elisa Carrió ha decidido competir electoralmente en la ciudad de Buenos Aires, pero buscará poner candidatos propios en la provincia. Uno de los nombres que suena para ocupar una banca es el de Marcela Campagnoli, actual funcionaria en el municipio de Pilar gobernada por el PRO de la mano de Nicolás Ducoté. Hasta allí nada nuevo de lo que se viene mencionando en distintos medios hace días. Pero hay datos que llaman mucho la atención y que muestran un cruce de intereses bastante particular. El esposo de Campagnoli ha sido nombrado hace un mes atrás como nuevo secretario de Obras Públicas del distrito y fue cuestionado por sus vínculos con empresarios ligados al kirchnerismo y a José López. Fuentes del distrito hablan de un acuerdo donde la propia Carrió formó parte de ese entendimiento para que llegue Iglesias -de él se trata- al gabinete de Ducoté.



Por varias situaciones, pareciera que la influencia K sigue más viva que nunca en dicho territorio. Algo muy parecido a lo que acontece en el orden nacional, donde se mezclan los negocios con el poder.

Pero mucho más, ciertos empresarios que, más allá de los gobiernos, siguen haciendo sus negocios como en los tiempos K.

El intendente Nicolás Ducoté designó a Guillermo Iglesias, ligado al grupo Farallón de Eduardo Gutiérrez, socio de Nicolás Caputo, y al ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López. Éste es sólo uno de los casos de la vigencia K en la comuna. Pero el dato es que en el acuerdo para que sea nombrado habría estado Lilita Carrió, quien suele visitar Pilar ya que vive cerca en Exaltación de la Cruz. Lo que se ignoró en ese entonces, cuando se anunció la llegada de Iglesias al gobierno municipal es que se trata del marido de Marcela Campagnoli, cercana a Lilita y posible candidata a diputada nacional.

En Pilar aseguran que Carrió no estuvo ajena a esa designación y que en la mesa del acuerdo se habría sentado con el propio Intendente y Eduardo Gutiérrez, el titular del Grupo Farallón, uno de los empresarios más poderosos del distrito.

Es más, en este sitio hemos contado la existencia del “elefante blanco”, una construcción a medio terminar que está pegado al hotel Sheraton y que estaría relacionado con emblemáticos hombres del gobierno anterior como Julio De Vido, Lázaro Báez y el financista Ernesto Clarens, quien es vecino del distrito. También en Pilar se le adjudican viviendas al ahora preso dueño de Austral Construcciones.

Volviendo al tema de las obras públicas, cuestión emblemática si las hay, donde se mezclan desde hace años intereses kirchneristas y macristas, casi como una sociedad perfecta, en Pilar hay datos llamativos.

El empresario Eduardo “el Negro” Gutiérrez y las constructoras que controla en forma directa o a través de terceros son para seguir de cerca. Gutiérrez es un hombre que surgió del riñón de Nicolás Caputo, ese “hermano de la vida” del presidente Macri, donde fue gerente hasta que armó sus propias empresas. En el sector es un secreto a voces que Gutiérrez sería un “fronting” de Caputo, de hecho realizaron juntos obras públicas nacionales como la ampliación del hospital Posadas y la construcción del Museo Malvinas.

El dueño de Farallón cobró notoriedad pública luego de la fría noche de junio del año pasado en que José López intentó esconder más de 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, al conocerse que el ex funcionario habitaba una lujosa casa en el Tigre, que a pesar de estar a nombre de Eduardo Gutiérrez había sido remodelada a su gusto y por la que pagaba un alquiler irrisorio.

Además de ser operador de Farallón durante años, Guillermo Iglesias es titular de la empresa Alemarsa, donde es socio de Andrés Aner, un radical que asesoraba a José López y mantuvo su cargo hasta hace pocos meses en la cartera que hoy dirige Rogelio Frigerio. Alemarsa fue una de las principales constructoras de viviendas, en particular en la provincia de Buenos Aires, durante los últimos doce años.

El juez Daniel Rafecas, que investiga a José López por enriquecimiento ilícito, procesó a Gutiérrez por ser partícipe y se especula que la pesquisa podría enfocarse hacia el abogado Aner y al propio Iglesias.


“Venimos con la expectativa de llevar adelante todos los trabajos que tenemos en carpeta”, dijo el flamante funcionario tras ser puesto en funciones por el intendente.