lunes, 20 de febrero de 2017

PRÓLOGO AL TOMO IV


DEL LIBRO “PROBLEMÁTICA DE LA DEUDA PÚBLICA ARGENTINA”
DE HECTOR LUIS GIULIANO

(18.2.2017)

El objeto central de esta obra es analizar la naturaleza y alcance del problema de la deuda pública argentina, tratando de responder a una pregunta de fondo: ¿frente a qué tipo de problema nos encontramos cuando hablamos de deuda?
La palabra problemática resume el conjunto de problemas vinculados a un tema o materia determinada, que en este caso específico se refiere a la Deuda y su relación básica con las finanzas del Estado.
La idea subyacente es identificar y profundizar el estudio del condicionamiento constante y total que dicha problemática de la Deuda Pública ejerce sobre la cuestión financiero-fiscal y, consecuentemente, sobre las políticas económico-financieras de los gobiernos de turno.

CONCEPTOS PRELIMINARES
Antes de iniciar la serie de los trabajos que componen esta obra es necesario comprender la lógica bajo la que estos textos han sido encuadrados; y para ello es preciso definir tres conceptos básicos, sin los cuales todo lo que se desarrollará después corre el riesgo de no ser debidamente entendido:
  1. La Deuda Pública es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en nuestro país en materia financiera, económica y política. Y si no se comprende esta importancia crucial que la deuda tiene en la realidad argentina no se entiende el peso decisivo de la influencia financiera en las decisiones políticas de gobierno.
  2. La Deuda no es un hecho aislado, algo que nos pasó una vez y ahora hay que sufragarlo hasta que sus efectos se extingan con el tiempo. No, esto no es así: la Deuda es un Sistema permanente – un proceso que se retro-alimenta y que crece día a día, sin solución de continuidad - y, como tal, un sistema es un conjunto de piezas o elementos dispuestos hacia un fin, esto es, siguiendo una determinada lógica.
  3. Siendo entonces la Deuda un Sistema se impone la pregunta de cuál es la lógica que lo rige; y la respuesta es que la Deuda Pública está regida por una lógica de Usura.
Todos nosotros hemos oído hablar de la palabra usura entendida como el interés excesivo que se cobra sobre un préstamo u operación financiera en general.
Y es también la situación de preponderancia o mayor fuerza del acreedor en su capacidad de negociación frente al deudor, de modo que se rompe el sinalagma o contraprestación contractual justa y equitativa entre las partes; de lo que surge un estado de servidumbre o dependencia del deudor en relación con el acreedor.
Esta interpretación es cierta aunque la podríamos denominar definición horizontal de la Usura: una definición que es válida para identificar la forma – o una de las formas – en que se presenta el problema pero que toca más al modo en que se produce y funciona la usura que al fondo causal o lógica final de la misma.

Todo el mundo cree – o se le hace creer – que el prestamista usurero, esencialmente el prestamista profesional o colocador especulativo de fondos, es alguien que actúa mal pero que en definitiva tiene razón porque lo que quiere es que le devuelvan su dinero prestado a interés.
Pero ello no es así: lo que el prestamista usurero realmente quiere no es que el deudor le devuelva su dinero – con los intereses pertinentes – sino, en realidad, que no se lo pueda devolver nunca puesto que ese prestamista vive precisamente de prestar dinero en forma indefinida refinanciando el  capital o principal de la deuda impaga.
Lo que en realidad quiere el usurero – desde esta perspectiva vertical o de fondo – es lograr por medio de su dinero una renta financiera permanente sin que el deudor, como sujeto pasivo o dependiente, pueda sustraerse de la trampa de una deuda perpetua.  
Y esta regla es siempre la misma y se cumple para todos los entes deudores de la Economía: los hombres y sus familias, las empresas y los Estados.

Por eso, cuando se incurre en la trampa de la Usura – básicamente, la toma de deudas sin la debida capacidad de repago - este proceso de endeudamiento no es reversible ya que las obligaciones que se asumen están condenadas inexorablemente a no poder ser pagadas a su vencimiento, con lo que se cae en la necesidad de refinanciarlas permanentemente, pagando tales deudas con nuevas deudas bajo un esquema que deviene de deuda perpetua.
Quien no entienda desde un comienzo esta lógica de la Usura y su funcionamiento es probable que no entienda gran parte de lo que vamos a exponer aquí.

MECÁNICA DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
La lógica de la trampa de Usura, arranca tradicionalmente con un proceso de macro-endeudamiento inicial  promovido por políticas de gobierno basadas en la toma de fuertes deudas externas que, sin capacidad de repago, se transforman luego en deuda perpetua.
La clave reside en que esta toma de deudas – como pasa con la droga – se hace con dosis iniciales aparentemente controlables y no peligrosas pero a poco de andar se revelan cada vez más gravosas e inmanejables, tanto por el aumento de los servicios – por capital e intereses y comisiones – como después por el anatocismo o capitalización de intereses impagos.

Los prestamistas financieros – que constituyen el estamento de los grupos más poderosos del mundo que manejan este rubro de macro-negocios de la deuda pública, de grupos que operan en forma interconectada a nivel internacional y que actúan no sólo por vía voluntaria sino de modo coercitivo o compulsivo – estos prestamistas o tomadores/colocadores de bonos son los que inician esos procesos de endeudamiento de los Estados y son comúnmente también los mismos que luego los conducen, como guías y operadores de los países deudores, en los pasos sucesivos de restructuraciones forzosas de deuda y nuevas operaciones de re-endeudamiento.
Una vez instalado tal conjunto de deudas, el pago y/o los costos de los servicios por capital e intereses van pesando cada vez más dentro del Gasto Público y devienen factores determinantes de los déficits fiscales - primario y de resultado financiero - desequilibrando la estructura de financiamiento del Estado.

Se entra así en un perfecto círculo vicioso de Usura donde: 1) El pago de Intereses pesa sobre el Gasto Corriente, 2) Los vencimientos de Capital no se amortizan en forma neta sino que se pagan con nuevas deudas (novación con los mismos acreedores o con terceros), 3) El Déficit Fiscal crece por efecto no sólo del aumento de los Gastos Generales sino particularmente por el aumento de los Servicios de la Deuda, 4) Los vencimientos de Capital se refinancian en forma íntegra (como es el caso argentino) y además se toma continuamente deuda adicional, y 5) El aumento del Déficit – causado en gran medida por los servicios y/o condiciones del endeudamiento - se cubre con nueva Deuda.
Esto conlleva un perverso proceso de cambio en la estructura de financiamiento fiscal porque el Estado tiene tres fuentes clásicas de financiamiento:

  1. La recaudación tributaria (impositiva y previsional).
  2. La emisión controlada de dinero (cuando el ritmo de expansión monetaria se corresponde con un aumento proporcional del crecimiento económico). Y
  3. La Deuda Pública, que no es ni debe ser una fuente regular sino excepcional o extra-ordinaria de ingresos (históricamente ligada a las necesidades de financiación de guerras o a las reconstrucciones posteriores a catástrofes naturales).
Con la importante salvedad que la Deuda – a diferencia de las dos anteriores - es una fuente de financiación que conlleva un costo porque el dinero que se obtiene prestado paga intereses.
Cuando los niveles de endeudamiento empiezan a crecer desproporcionadamente, los gobiernos apelan vez cada más a sus recursos corrientes para poder pagar estos servicios de intereses crecientes (lo que genera procesos internos de ajuste fiscal, directos o indirectos); sin cancelación del capital o principal dado que se trata de obligaciones contraídas carentes de capacidad de repago y que el peso irreversible de los pasivos financieros de arrastre hacen inviable su amortización.
Así, como estos recursos ordinarios o genuinos no resultan suficientes para cubrir el aumento de los pagos presentes de estos intereses de la deuda ni para garantizar los pagos futuros, los gobiernos apelan a incrementar la presión tributaria y/o la emisión de dinero sin respaldo, que conllevan efectos clásicos y conocidos: inflación interna por traslación  de la carga impositiva a los precios y por aumento de la masa monetaria sin correlato en el aumento de bienes y servicios.

Y con ello termina dándose la paradoja – como en el caso argentino – que los gobiernos apelan a aumentar cada vez más las dos primeras fuentes de financiamiento – la Presión Tributaria y/o la Emisión Monetaria - para sufragar los costos de la tercera fuente: la Deuda. Por lo que la Deuda Pública provoca, en última instancia, la distorsión de la estructura de financiamiento del Estado.-  (*)
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(*) UNA NOTA SOBRE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
Normalmente se entiende que los análisis y las ponencias de solución respectivas a los grandes problemas nacionales requieren dos etapas clásicas de base: Diagnóstico y Propuesta Alternativa.
Pero este enfoque tradicional omite muchas veces un tercer elemento cuya consideración es condicionante de los otros dos.
Por razones metodológicas, sabemos que no hay propuesta de alternativa que dé o pueda dar respuesta a un problema sin un buen diagnóstico previo.
Pero antes de ello es necesario identificar correctamente el problema que va a ser objeto de estudio o análisis bajo ese esquema diagnóstico-propuesta.
Una falencia frecuente que se presenta en nuestro país al tocar los grandes problemas nacionales es que se trazan diagnósticos -  a veces buenos diagnósticos – pero sobre problemas mal identificados.
Y el caso de la Deuda Pública es uno de ellos – ya sea que se produzca por omisión impensada o deliberada - porque si no se entiende su naturaleza e importancia, si no se percibe en qué forma y hasta qué punto las decisiones financieras en esta materia condicionan y determinan las decisiones de los gobiernos no puede entenderse, en realidad, el trasfondo de lo que pasa en la Argentina en el campo financiero, económico y político.

Hecha esta aclaración preliminar, pasamos a continuación al desarrollo de los términos concretos en que está dado el problema de la deuda argentina hoy y lo hacemos a través de toda la serie de trabajos que integran esta obra, donde se analizan en forma pormenorizada prácticamente todos los aspectos principales de esta problemática del endeudamiento.

domingo, 19 de febrero de 2017

EL 43 % DE LOS OCUPADOS, CON EMPLEOS PRECARIOS


 Ismael Bermúdez
Clarín, 19-2-17

El mapa laboral argentino muestra que el 43% de los 18,3 millones de ocupados, unos 7,9 millones de personas –entre asalariados no registrados y cuentapropistas de bajas categorías–, se desempeñan en empleos precarios, inestables y de baja retribución, según los datos de la Fundación Mediterránea. Es un número muy elevado en un contexto de achique del empleo como consecuencia del retroceso de la actividad económica del último año y medio.

En total, la población económicamente activa suma 20 millones de personas, de los cuales 1,7 millones son desocupados y el resto tienen empleo. El 75,4% de los ocupados –13,8 millones– son asalariados, pero tan solo 9,1 millones se desempeñan en blanco o están registrados. El resto – 4,7 millones– trabajan “en negro”. De los 9,1 trabajadores dependientes formales, poco más de 3 millones trabajan en el sector público (nacional, provincial o municipal) y 6 millones en empresas privadas. En el último año y medio, el empleo privado formal estuvo en retroceso y siguió expandiéndose el empleo público.

El otro gran segmento de los ocupados son los 3,7 millones trabajadores por cuenta propia que están en la categoría formal de autónomos o monotributistas. Excluyendo a los profesionales, el grueso son trabajadores de baja retribución.En tanto, para que la tasa de desempleo del 8,5% de la PEA no aumente, la economía debería crear al menos 200.000 empleos anuales para dar cabida al crecimiento de la población activa. En realidad, el empleo no crece y avanzan distintas modalidades de precariedad y flexibilidad laboral. Los últimos datos oficiales, a noviembre pasado, muestran que la industria siguió expulsando trabajadores formales – 3.420 menos– mientras se recuperó parcialmente en la construcción. En la comparación interanual, hay aún 69.629 asalariados formales menos, de los cuales 48.480 corresponden al segmento industrial.

En cambio, el sector público nacional, provincial y municipal, con 11.785 empleados más, fue el segundo creador de empleo. A noviembre totalizó 3.136.127, con una suba de 22.689 empleados en relación con noviembre de 2015.

Otra novedad fue el aumento del número de monotributistas “puros”: 4.476 en noviembre y 59.786 más en relación con noviembre de 2015 que se atribuye, en una alta proporción, a empleos dependientes encubiertos. También el empleo en casas particulares siguió aumentando en gran medida por ventajas impositivas en Ganancias para el empleador.

UN ESTADO EXCEDIDO DE PESO



Néstor O. Scibona
La Nación, 19 DE FEBRERO DE 2017

Las metas fiscales que se apresta a anunciar Nicolás Dujovne exceden el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, en la medida en que no abarquen los problemas estructurales del sector público a nivel nacional, provincial y municipal agravados en los últimos años hasta convertirse en una hipoteca para el futuro económico.


El año electoral no es el más propicio para acordar políticas sustentables de mediano y largo plazo, aunque se hayan reanudado contactos con gobiernos provinciales para esbozar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, pendiente desde 1994 cuando se incluyó como objetivo constitucional. A su vez, la reforma tributaria integral prometida por la Casa Rosada deberá esperar por lo menos hasta 2018. Mientras tanto, la reducción del peso del Estado en la economía depende del incipiente repunte del PBI que está condicionado por la alta presión impositiva en todas las jurisdicciones y aun así no alcanza para cubrir la fuerte expansión del gasto público generado por el populismo de la era K. Si bien fue reorientado, tampoco disminuyó nominalmente en el primer año de gestión de Mauricio Macri.

En medio de las polémicas políticas de los últimos días por la deuda del Correo y la movilidad jubilatoria, quedó relegado a segundo plano un revelador informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) a propósito del plan oficial de modernizar el Estado a través de la capacitación de 80.000 empleados públicos. Idesa pone de relieve que en el período 2012/2016 fueron sumados 483.000 empleados públicos a los tres niveles de gobierno (con un incremento de 16,1% sobre un plantel de 3 millones [3.483.000]), mientras que en el sector privado la creación de empleos registrados alcanzó a 120.000 (apenas 2% sobre 6 millones). 

O sea que por cada nuevo empleo privado se crearon 4 en el sector público, donde el gasto salarial representa 14% del presupuesto nacional y 65% promedio en provincias y municipios. La entidad sostiene que en este periodo incidió el uso del Estado para premiar la militancia política o congraciarse con familiares, amigos u otro tipo de compromisos, con lo cual se agravaron los problemas estructurales de sobredotación de empleo público. "No hay conciencia de que incorporar al Estado gente que no se necesita es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública", sentencia. De hecho, el exceso de gasto público implica altos impuestos e inflación, pero no se traduce en mejores prestaciones en áreas clave como educación, salud, seguridad y justicia.


A partir de esta realidad, Idesa advierte que el primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear funciones, para evitar la superposición de programas nacionales con provinciales y el derroche de recursos. También propone revisar la garantía de estabilidad laboral en el empleo público, cuya aplicación extrema -señala- excede el espíritu de evitar manipulaciones y arbitrariedades e incentiva la falta de compromiso.

Por cierto que una reforma estructural de estas características demandará tiempo y amplio consenso político. No sería viable reducir a corto plazo la sobreocupación estatal, que operó como un virtual seguro de desempleo, sin consecuencias sociales. Pero dejar todo como está equivaldría a no aggiornar obsoletos convenios laborales anteriores a la era digital; ni eliminar rigideces para reasignar recursos humanos, ni suprimir trámites burocráticos que muchas veces suponen ingresos para "cajas" políticas.

mundoideas
Si bien el Congreso Nacional debería ser el ámbito para este debate, su vocación de austeridad es dudosa: cada diputado o senador es desde hace años una suerte de pyme, con un promedio de 35 empleados entre secretarias, choferes y asesores rentados. Uno de los acuerdos para votar el Presupuesto 2017 asignó unos $ 2000 millones al gobierno de Córdoba para cubrir parte del déficit de la caja jubilatoria provincial, que paga jubilaciones de privilegio de hasta $ 220.000 mensuales a jueces y legisladores retirados. El Poder Judicial resiste el pago del impuesto a las ganancias, limitado ahora a nuevos jueces. Y el gobierno de Macri debió superponer una capa burocrática propia para manejar el Poder Ejecutivo, con la designación o contratación de funcionarios más allá de los cargos políticos.

De todos modos, el año electoral podría ser aprovechado por la Casa Rosada para diseñar y proponer nuevas reglas a mediano plazo. Hay sondeos con gobernadores para acordar una ley de responsabilidad fiscal con horizonte hasta fin de 2019. Más complicado será reducir o reemplazar impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, que en promedio ya representan el 75% de los recursos propios de las provincias.

Mientras tanto, también podría avanzarse en otras correcciones donde el Estado complica la vida cotidiana.

El último ajuste de peajes en el AMBA, que coloca a las tarifas en horas pico por encima de Estados Unidos y países europeos, no fue justificado en futuras obras. No es la única penuria que deben padecer automovilistas y transportistas. Quien compra un 0 km no sólo debe pagar por patentamiento el 6/7% del precio total. Al vender y transferir su modelo usado, tiene que llenar varios formularios manuscritos y por triplicado. Y aunque el libre deuda de infracciones puede bajarse de la Web, no es válido sin un timbrado de $ 125. Como la transferencia no siempre es registrada a tiempo, es posible que reciba citaciones por multas o deudas posteriores y demostrar personalmente que el vehículo ya no le pertenece. Además, el gobierno porteño obliga a grabar la autopartes, a un costo de $ 650 y sin noticias de que esa obligación sea fiscalizada hasta el momento de venta. Resultado: una innecesaria pérdida de tiempo y dinero. Por otro lado, prevé extender las multas fotográficas por mal estacionamiento pese a la escasez de espacios públicos y privados. Pero mantiene en pie una ordenanza de 1977 que permite la construcción de edificios de varios pisos y no más de 4/5 cocheras, pese al boom inmobiliario y el crecimiento del parque automotor.

A la hora de transitar, en la CABA las obras de repavimentación suelen incluir el cartel "Juntos seguimos avanzando". Pero rara vez otro que advierta con algunas cuadras de anticipación sobre el corte de calles o avenidas. En lugar de avanzar, hay que desviarse hacia un inesperado embotellamiento, o bien retroceder para evitar más pérdidas de tiempo.

jueves, 16 de febrero de 2017

EL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR


LA GACETA 16 febrero, 2017
(Infovaticana)

El Partido Popular sigue defendiendo que su proyecto ha salido reforzado tras el Congreso Nacional. Para su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, Génova cuenta ahora con un plan moderno y renovado con el que pretende aglutinar al 40% del electorado. ‘’Incorporamos preocupaciones sociales que hace cinco años no se veían como una amenaza, desde el populismo que recorre todo el mundo, de extrema izquierda y extrema derecha, y también el populismo del independentismo, que se ha fraguado en estos cinco años. También consolidando nuestros principios’’, aseguraba Hernando hace dos días en una entrevista con ABC.

Pero, ¿a qué principios se refiere Hernando? Los populares desde las elecciones de 2011 se han dejado por el camino tres millones de votos y la mayoría de valores y principios que les otorgaron la absoluta. Una vez asumidas las que calificaban como leyes ideológicas de Zapatero -aborto, matrimonio homosexual, memoria histórica…-, el portavoz del PP lo justifica aludiendo a la ‘’evolución social en algunos temas’’.

Los populares han pasado de llevar al Tribunal Constitucional las leyes que chocaban frontalmente con sus principios a asumirlas de principio a fin, o incluso a alabarlas, como hizo el ministro de Justicia con la Ley de Memoria Histórica.


‘’Necesitas principios, si no te conviertes en un zascandil. Pero si tienes principios que permiten adaptarse a la sociedad y hacer un proyecto político que represente la mayoría estarás acertando. Lo que no puedes es basar nuestros principios absolutamente inquebrantables e innegociables en mantener muchos principios con pocos votos, porque entonces te conviertes en una opción inútil para transformar la sociedad’’, subraya. 

Hernando sostiene que mantener principios inquebrantables ‘’te convierte en una opción política inútil’’. Con esa opción política basada en esos principios de los que ahora el PP prescinde son los mismos con los que Aznar y Rajoy llegaron a Moncloa con mayoría absoluta.

COMISIÓN EPISCOPAL


 Esperar es matar

por Carlos E. Viana
Informador Público, 15-2-17

“Presupongo tres tipos de pensamientos en mi, es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos que vienen de fuera, el uno que viene del buen espíritu y el otro del malo”.
San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales.

Esperar es matar
La Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar, a través del Área de Niñez y Adolescencia, rechazó la propuesta del gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, esgrimiendo entre otros argumentos que es una solución “inmediatista y de cortoplacismo”. Le recordamos que en el largo plazo los niños criminales seguirán violando el 5to Mandamiento de la ley de Dios: No matar.

Deberían tener en cuenta que estamos en una emergencia y que no se puede esperar a que el país elimine la pobreza y mejore los institutos penales y que además es dudoso que esa sea la principal causa de la delincuencia. ¿No será la crisis moral?

La solución que da la Comisión es: "Acompañemos a nuestros niños y adolescentes a vivir sus etapas de crecimiento, en un contexto familiar sano y seguro". ¿Sano y seguro… como el menor peruano que mato y sus padres eran narcotraficantes? Todo lo que propone la Comisión significa esperar.

Esperar significa matar, lo cual no tiene reparación posible, esperar implica mayor sufrimiento para los futuros victimas y familiares incluyendo los pobres, que la Comisión dice defender, pero que son los más atacados por la inseguridad.

Delincuente en prisión no puede reincidir, como lo están haciendo actualmente los menores asesinos.

Desde 1983 ha habido mas de 40.000 asesinatos. ¿Estas víctimas no tenían derecho a la vida? Este problema necesita precisamente inmediatez en el plazo más corto posible. Esto es una lógica incontestable. ¿Es tan difícil entenderlo?

San Ignacio: Libertad y responsabilidad
Del epígrafe, vemos como San Ignacio de Loyola cree en la libertad humana, el “libero arbitrio” y por ende en la responsabilidad que cada hombre tiene de sus actos. Sobre esa base otros dos grandes pensadores de la Compañía de Jesús, los padres Luis de Molina (S. XVI) y Francisco Suárez (S. XV), defendieron la doctrina del libre albedrío, oponiéndose a la de la predestinación de las almas de Martín Lutero. A esta última y para ser justos solo en este sentido, se acerca el determinismo marxista, que afirma que el ser humano no es libre, sino que esta determinado por la sociedad, es decir que las víctimas son los culpables.

Según el determinismo social, un niño con conciencia del bien y del mal, asesina y el no tiene ninguna responsabilidad. Aclaremos que una cosa es el perdón cristiano y otra dejar suelto a un salvaje que va a volver a matar. Esto es falta de amor por el prójimo. 
Para la comisión el gran mensaje de Jesús “ama a tu prójimo como a ti mismo”, ha sido superada por la teología de la liberación, elaborada en su momento en las oficinas de la KGB y que hizo pecar mortalmente apoyando asesinatos a padres como Mujica o Angelelli.

La pobreza estigmatizada
La comisión episcopal aclaro que se estigmatiza a los pobres como "sinónimos de delincuencia", con lo cual la Comisión mete a todos los pobres y a los asesinos en la misma bolsa. La mayoría de los pobres son honestos, pero la responsabilidad de un asesino no es social, como ya fundamentamos, sino su decisión individual de matar. La condición social puede ser una atenuante, pero nunca un justificativo. Con esta posición es la Comisión quien está estigmatizando a los pobres.

Crisis espiritual
Aclaran los miembros de la comisión, que hay una “corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad" y en esto tienen en parte razón porque ellos que deberían estar a la vanguardia de la defensa del 5to Mandamiento, están favoreciendo inconscientemente su violación.

Argentina vive una profunda crisis moral con bases espirituales que ha sido y es el principal factor de pobreza y delincuencia.

La Iglesia fue creada por Cristo para evangelizar y salvar almas. “No sólo de pan vive el hombre”, expresó el Salvador, lo cual no quiere decir que no debamos afrontar la superación de la pobreza.

Pero precisamente se le ha robado a los pobres y la Comisión no reaccionó contra esto. Tanto Milagro Sala como Hebe de Bonafini están acusadas de robarles a los pobres ¿Por qué entonces si se está con los pobres se las apoya? Robarles a los pobres fue una innovación del kirchnerismo. Con lo que se robó y despilfarró en estos últimos doce años se podría haber superado la pobreza. ¿Por qué no se condenó este hecho aberrante?

En definitiva, ¿la Comisión tiene una preocupación por los pobres o una intención ideológica?


Nos queda una gran esperanza. Parece que una parte de la Iglesia no está con Argentina, pero Dios sí.

miércoles, 15 de febrero de 2017

¿DEMOCRACIA?





El Manifiesto, 6 de febrero de 2017       

ALAIN DE BENOIST

Ediciones Fides reedita, dentro de su Biblioteca Metapolítica, el libro de Alain de Benoist sobre la Democracia, pero incorporando nuevos textos más actuales en relación a la primera edición. Se trata de una apuesta por la Democracia orgánica, directa y participativa frente a la Democracia liberal y representativa, que ya no representa la "soberanía del pueblo" sino la "tiranía abstracta de la gente" a través de una despolitización ejecutada por supuestos "expertos" designados por la oligarquía político-mediático-financiera.                    


En la actualidad, no hay muchos hombres de izquierda que denuncien la democracia, como hizo Karl Marx, como un procedimiento de clase inventado por la burguesía para desarmar y domesticar al proletariado, ni muchos hombres de derecha que sostengan, como hicieron los contrarrevolucionarios, que la misma se reduce a la “ley del número” y al “reino de los incompetentes” (sin decir nunca, sin embargo, qué es exactamente lo que les gustaría poner en su lugar). Con raras excepciones, no es entre partidarios y adversarios de la democracia los que se oponen a la misma en nuestros días, sino exclusivamente entre sus partidarios, aunque sea en nombre de los diferentes modos de concebir la democracia.

La democracia no tiene por objeto determinar la verdad. Es el único régimen que hace residir la legitimidad política en el poder soberano del pueblo. Esto implica, primeramente, que existe un pueblo. En el sentido político, un pueblo se define como una comunidad de ciudadanos dotados políticamente de las mismas capacidades y obligados por una norma común dentro de un espacio público determinado. Fundada sobre el pueblo, la democracia es el régimen que permite a todos los ciudadanos la participación en la vida pública, afirmando que todos ellos tienen la vocación para ocuparse de los asuntos comunes. Iré un paso más allá: no sólo proclama la soberanía del pueblo, sino que pretende colocar al pueblo en el poder, para permitir que esas personas del pueblo ejerzan, por sí mismas, el propio poder.

El homo democraticus no es un individuo, sino un ciudadano. La democracia griega estaba caracterizada por ser una democracia de ciudadanos (politai), es decir, una democracia comunitaria, y no una sociedad de individuos, es decir, de seres singulares (idiotai) “idiotas” en su sentido literal). Individualismo y democracia son, desde este punto de vista, originalmente incompatibles. La democracia exige un espacio público de deliberación y decisión, que es también un espacio de educación comunitaria para el hombre considerado, por naturaleza, como intrínsecamente político y social. Por último, cuando decimos que la democracia permite una mayor participación en los asuntos públicos, se debe recordar que, en todas las sociedades, el mayor número está constituido por una mayoría de individuos pertenecientes a las clases populares. Desde este punto de vista, una política verdaderamente democrática debe ser considerada, si no como un sistema que haga prevalecer los intereses de los más desfavorecidos, sí al menos como un “poder correctivo del dinero” (Giuseppe Preve).

Sin embargo, cuanto más se impone la democracia, más se desnaturaliza. La prueba es que el “pueblo soberano” se ha convertido en el primero en darle la espalda. En Francia, la abstención y el voto-sanción son las primeras formas de expresar la insatisfacción sobre la forma en que funciona la democracia. Después de eso, el voto de protesta ha cedido su  lugar al voto de perturbación que deliberadamente busca bloquear el sistema. De esta manera se constituyó lo que el politólogo Dominique Reynié llamaba la “disidencia electoral”, gran reunión de descontentos y decepcionados. En las elecciones presidenciales francesas de 2002, esta disidencia ya representó el 51% de los votantes inscritos en el censo, frente a sólo el 19,4% en 1974. Se alcanzó el 55,8% en las legislativas siguientes. Sin embargo, los principales proveedores de la disidencia electoral provienen de las clases populares, lo que significa que la inexistencia cívica o la invisibilidad electoral son, principalmente, y después de todo, el resultado de estos mismos círculos a los que la democracia había dado el derecho “soberano” para hablar y pronunciarse. ¿Qué pasará cuando la disidencia decida expresarse fuera del ámbito electoral?

Simultáneamente, asistimos durante años, a una desnaturalización de la democracia a partir de una Nueva Clase político-mediática que, para salvaguardar sus privilegios, intenta restringirla en el mayor grado posible. Jacques Rancière no duda en hablar de “nuevo odio a la democracia”, un odio que podría “ser resumido en una tesis sencilla: sólo es posible una buena democracia, aquella que reprime la catástrofe de la civilización democrática”. La idea predominante es que no debe abusarse de la democracia, pues de lo contrario podría romper el estado de cosas existente.

Uno de los medios para desnaturalizar y distorsionar la democracia consiste en olvidar que se trata de una forma de régimen político antes que  una forma de sociedad. Otro medio consiste en presentar como intrínsecamente democráticos los rasgos supuestamente inherentes de la sociedad, tales como la búsqueda de un crecimiento ilimitado de los bienes y mercancías, que son, de hecho, las realidades inherentes a la lógica de la economía capitalista: “democratizar” significa producir y vender, cada vez más, el mayor número de productos con un mayor valor añadido. Una tercera forma consiste en crear las condiciones para una reproducción idéntica del desorden instituido, sacralizado como el único orden verdaderamente orden, como relevante de una necesidad histórica ante la cual todo el mundo, por “realismo” debe inclinarse. “El realismo es el sentido común de los bastardos”, dijo Bernanos. Este es el ideal de la gobernanza, que se podría definir como una manera de convertir en no-democrática a una sociedad democrática sin combatir frontalmente a la democracia, esto es, que no se elimina formalmente la democracia, sino que ella misma se establece como un sistema que permita gobernar sin el pueblo, y si fuera necesario, contra el pueblo.

La gobernanza, que se ejerce actualmente a todos los niveles, pretende situar la política en la dependencia de la economía a través de una “sociedad civil” transformada en un simple mercado. Así pues, parece como una “forma de contener la soberanía popular” (Guy Hermet). Vaciada de su contenido, la democracia deviene en una democracia de mercado, despolitizada, neutralizada, confiada a los expertos y sustraída a los ciudadanos. La gobernanza aspira a una única sociedad mundial que aspira a durar eternamente. Despolitizar, neutralizar la política, se efectúa,  en efecto, situando las cuestiones dentro de lugares que son no-lugares. El objetivo es eliminar todas las limitaciones que podrían obstaculizar la ilimitación de la Forma-Capital. “El golpe estado del capital, dijo Jean Baudrillard, es tener todo subordinado a la economía”. El conjunto de la sociedad se pone al servicio del capitalismo liberal.

No se trata aquí de desarrollar una nueva teoría de la conspiración de los “amos del mundo”. La gobernanza es el resultado lógico de la evolución sistémica de las sociedades a la que estamos asistiendo desde hace décadas. Además, ya no se representa al pueblo como un ser “naturalmente bueno”, pero alienado y corrompido por los malvados. Las personas del pueblo que no están exentas de defectos y errores. Pero podemos pensar, con Maquiavelo y Spinoza, que los defectos del vulgo no difieren sustancialmente de los de los príncipes –que, en la historia, han sido principalmente las élites las que los han traicionado. Como escribió Simone Weil, “el verdadero espíritu de 1789 consiste en pensar, no que una cosa lo es sólo porque la gente quiere que así sea, sino que, bajo ciertas condiciones, el valor de la voluntad del pueblo probablemente sea el más conforme con la justicia”.


Se ha dicho de la República de Weimar que era una democracia sin demócratas. Ahora vivimos en sociedades oligárquicas donde todo el mundo es demócrata, pero donde ya no hay democracia.

domingo, 12 de febrero de 2017

MEGA-ENDEUDAMIENTO MACRI: ENERO 2017


Por Héctor GIULIANO
(10.2.2017)

En el contexto de su política de gobernar con deuda – planteada  desde el inicio de su gestión en Diciembre de 2015 - la administración Macri sigue batiendo récords históricos de emisión de Deuda Pública, Externa e Interna.
Estas colocaciones se vienen realizando por montos elevadísimos, bajo condiciones discrecionales que son manejadas directamente y en forma secreta por el actual Ministerio de la Deuda – oficialmente denominado Ministerio de Finanzas – siguiendo un programa de endeudamiento en gran escala – eufemísticamente llamado Programa Financiero - y sin que exista la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que se están asumiendo con total irresponsabilidad fiscal porque se trata de deudas que el Estado Argentino no puede pagar.     
A los efectos de ocultar la situación real y concreta de iliquidez e insolvencia de nuestro país, el gobierno Macri – en complicidad con sus acreedores – procede a seguir refinanciando sistemáticamente la totalidad de los vencimientos de capital (a medida que se producen y hasta el último centavo), con nuevas deudas y además a contraer deudas adicionales, que están destinadas en su gran mayoría a cubrir el déficit fiscal creciente de su administración.
Con el agravante que la mayor parte de estas colocaciones de deuda se aplican así a sostener la financiación de gasto público corriente, lo que está prohibido por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus normas conexas, dado que el artículo 56 de la ley dice taxativamente que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.

En este marco, las emisiones de deuda realizadas por el gobierno nacional en Enero de este año – sin contar aquí las colocaciones que paralelamente vienen realizando el Banco Central (BCRA), las provincias (con Buenos Aires a la cabeza), las empresas del Estado y las obligaciones contraídas para pagar juicios contra el fisco con sentencia en firme (como el caso de los holdouts y los reclamos previsionales) – han llegado ya a niveles récord tanto en valor absoluto como relativo.
Durante el primer mes de 2017 el gobierno Macri ha colocado deuda pública directa – es decir, sólo deuda de la Administración Central – por más de 17.000 MD (Millones de Dólares):

  1. Un préstamo de 6.000 MD a 18 meses de plazo y tasa de interés nominal del 3.8 % anual (2.9 % más Libor 0.9), con garantía de títulos Bonar 24; otorgado por los bancos BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria), Citibank, Deutsche Bank (DB), HSBC (Hong Chan), JP Morgan y Santander. Son los mismos bancos que actúan como colocadores de bonos en el exterior y se entiende que este crédito consorciado y a corto plazo (un año y medio) actúa en la práctica como préstamo-puente dentro del escalonamiento de la colocación de bonos según el Programa Financiero 2017.

  1. Dos nuevos títulos por 7.000 MD, bajo ley extranjera de Nueva York: uno, a 5 años de plazo (vencimiento 2022) por 3.250 MD con tasa de interés de 5.625 %; y otro a 10 años (2027), por 3.750 MD con tasa del 7.0 %.

Todos estos bonos y préstamos que emite el Estado son de tipo bullet, es decir, que amortizan el capital o principal íntegramente a su vencimiento, pero pagan intereses en forma semestral; si bien las autoridades no suministran detalles sobre las condiciones contractuales de tales obligaciones ni mucho menos sobre los compradores de títulos.
El gobierno Macri se ha jactado del supuesto éxito de esta doble colocación de bonos – las ofertas fueron por 22.000 MD contra un requerimiento original de 5.000 MD – pero la realidad es bastante diferente porque en este momento existe excedente de capitales especulativos en el mundo y ello deriva, como siempre, en una muy fuerte presión por parte de los grandes grupos financieros internacionales   para colocarse en países como la Argentina, que en la actualidad emite deuda a las tasas de rendimiento más altas del planeta.

Este proceso se presenta ante la opinión pública como supuestas  oportunidades dadas por el apetito del mercado – un eufemismo que se usa para traducir las presiones de endeudamiento  fiscal – como adelanto ante el peligro de tasas más altas con el advenimiento del gobierno Trump en Estados Unidos y, consecuentemente, como conveniencia así de adelantar la colocación de nuevas deudas del Programa Financiero 2017.

  1. Nuevos desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales, particularmente la CAF-Corporación Andina de Fomento, que acordó un nuevo préstamo a la Argentina por 400 MD para el Paseo del Bajo, en la CABA (plazo a 15 años con 4 de gracia).
Por Decreto 29/2017, del 11.1, el presidente Macri facultó al Ministerio de Finanzas para contraer un total de nueva deuda externa por 20.000 MD durante el corriente año incluyendo cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros (Nueva York y Londres) y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana (con restricciones varias que son de rigor en estos casos), como así también la inclusión de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y Pari Passu.
Por el mismo decreto, aparte de reiterarse algunas autorizaciones generales ya consignadas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017, se incorpora además toda una serie de facultades amplias a través de las cuales el Ministerio de Finanzas puede decidir lo que quiera en materia de colocaciones de Deuda Pública. (*)
El texto de estas autorizaciones cuasi-irrestrictas está prácticamente copiado de la Ley 27.249, que el año pasado autorizó al entonces Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas – como Autoridad de Aplicación – a colocar las nuevas obligaciones de deuda para pagar los juicios contra los holdouts bajo las mismas condiciones absolutamente discrecionales.

  1. Nueva Deuda intra-Estado (una modalidad inaugurada y utilizada abusivamente por la administración Kirchner), proveniente de Adelantos Transitorios en curso del BCRA (dentro de un margen anual autorizado por 150.000 M$-Millones de Pesos) y otras obligaciones colocadas en distintos entes oficiales, como el FGS-Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (una letra por 17.000 M$ a un año de plazo)  y el BNA-Banco Nación (un Bono del Tesoro – conocido o refrendado por Resolución E 16/2017, del 9.2 - por 25.000 M$ y vencimiento en Agosto de 2019).

  1. Letras de Tesorería (Letes) por unos 2.000 MD, emitidas en dólares durante el mes, como obligaciones financieras de muy corto plazo (90 y 180 días, a tasas del 3.0 y 3.3 % respectivamente).

En total, se estima que el gobierno Macri ha colocado – solamente durante el mes de Enero – deuda pública, externa e interna, por más de 18.000 MD (18.600), incluyendo letras.  
Y la serie de colocaciones continúa: en la fecha se ha editado por la página web del Ministerio de Finanzas un nuevo llamado a licitación de Letras del Tesoro en dólares (a 95 y 186 días) y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimientos 2021, 2023 y 2026.
Estos últimos – los bonos – tienen tasa de interés invertida de 18.20, 16.00 y 15.50 % anual respectivamente, que se pagan semestralmente, y se colocan bajo la par para garantizar mayor rendimiento a los inversores financieros.
Con este conjunto de nuevas colocaciones de deuda el gobierno Macri encara un peligroso sobre-endeudamiento durante el año electoral 2017 y lo hace al amparo de la Ley de Presupuesto 27.341, que autoriza un aumento de la deuda durante el ejercicio de 38.200 MD: vencimientos de capital por 58.200 MD contra emisión de nueva deuda para cubrir las cancelaciones y tomar deuda adicional por 96.400 MD.

Este monto a emitir – que ya está aceleradamente en curso - expresado en pesos es de 1.727.500 M$ (96.400 MD x 17.92 $/US$), una suma que consolidando toda la deuda en valor absoluto equivale al 73 % del Gasto Público Total del Ejercicio 2017, que es de 2.393.600 M$ (≡ 131.900 MD).
Según el Programa Financiero 2017 – dado a conocer a principios de Enero - el gobierno prevé emitir deuda por algo más que el total presupuestado: unos 40.350 MD (consolidando siempre las colocaciones en diversas monedas), de los que la mitad (20.000 MD) serían Deuda Externa.
La administración Macri aumenta fuertemente y acelera así en forma muy peligrosa el cuadro de endeudamiento público heredado de la gestión Kirchner, con el agravante que lo hace usando una preponderante nueva deuda con el exterior.

Y este panorama se agrava adicionalmente con el cambio de estructura, composición y características del endeudamiento porque:
  1. Aumenta el monto de la Deuda Pública, Externa e Interna.
  2. Aumenta consecuentemente la suma de intereses a pagar – porque se toma deuda más cara - y lo hace en mayor proporción que el aumento del principal. Y
  3. Disminuye cada vez más la vida promedio de la deuda en su conjunto porque aumenta la proporción de colocaciones de letras y bonos a corto plazo.
Aunque el partido de la deuda y los portavoces del establishment financiero que lo acompañan tratan de enmascarar la gravedad de esta situación que afronta el gobierno Macri, el mismo se encaminaría precipitadamente a la necesidad de un nuevo megacanje o alternativa de seguir subdividiendo cada vez más el complejo sistema de canjes vigente por tipo de acreedor y/o instrumentos de deuda, a los fines de seguir pateando para adelante el problema insoluble de iliquidez e insolvencia del Estado Argentino frente a una deuda pública impagable.  



(*) NOTA:

El artículo 3 del Decreto 29/2017 dice textualmente que se faculta al Ministerio de Finanzas para lo siguiente:
a) Determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de los nuevos títulos públicos;
b) Designar instituciones financieras que participarán en la colocación de los nuevos títulos públicos;
c) Suscribir acuerdos con entidades financieras colocadoras de los nuevos títulos públicos a emitirse, previendo, para ello, el pago de comisiones en condiciones de mercado;
d) Preparar y registrar un programa de títulos públicos ante los organismos de control de los principales mercados de capitales internacionales;
e) Suscribir acuerdos con agentes fiduciarios, agentes de pago, agentes de información, agentes de custodia, agentes de registración y agencias calificadoras de riesgo que sean necesarios tanto para las operaciones de cancelación de deuda como de emisión y colocación de los nuevos títulos públicos, previendo el pago de los correspondientes honorarios y gastos en condiciones de mercado;
f) Autorizar el pago de otros gastos necesarios de registración, impresión, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados, los que deberán ser en condiciones de mercado, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto; y
g) Autorizar a determinados funcionarios de las áreas competentes a suscribir la documentación respectiva y a implementar toda otra medida referida con las operaciones objeto del presente decreto.
Son prácticamente las mismas facultades de la Ley 27.249, que se dictó para la deuda destinada al pago a los holdouts y otros rubros, aunque con la muy importante diferencia que tales disposiciones no fueron repetidas en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 sino que aparecen ahora con el Decreto 29/2017.